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Celebramos la decisión histórica de México: la Suprema Corte despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en un fallo histórico para el país

POR UNANIMIDAD México despenaliza el aborto en una jornada histórica para las mujeres

Aborto en México: la Suprema Corte despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en un fallo histórico para el país

Con los hashtags #AbortoLegalMexico y #EsLey, miles de personas en México celebraron este martes la decisión hecha pública por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la interrupción voluntaria del embarazo.

En un fallo considerado histórico para el país, el organismo declaró que es inconstitucional criminalizar a las mujeres y personas gestantes que abortan durante la primera etapa de su embarazo.

Los ministros del pleno de la SCJN invalidaron por unanimidad la legislación del estado de Coahuila que impone de uno a tres años de cárcel "a la mujer que voluntariamente practique su aborto o a la persona que le hiciere abortar con el consentimiento".

El fallo solo obliga a Coahuila a modificar su Código Penal al respecto. Por lo tanto, no supone que el aborto sea ahora legal en todo México, ni que la despenalización afecte a todos los estados automáticamente o que estén obligados a cambiar sus legislaciones locales.

Sin embargo, esta decisión de la Corte sí que sienta un precedente judicial para su aplicación en todos los estados mexicanos.

                                                   

POR UNANIMIDAD

México despenaliza el aborto en una jornada histórica para las mujeres

Actualizado Miércoles, 8 septiembre 2021

La Suprema Corte de Justicia anula las penas contempladas para la interrupción del embarazo y abre la puerta a la legalización en todo el país

Gente rezando en las afueras de la Suprema Corte de Justicia, en protesta por la decisión judicial.

Gente rezando en las afueras de la Suprema Corte de Justicia, en protesta por la decisión judicial.SÁSHENKA GUTIÉRREZEFE

La Justicia mexicana ha dado un paso decisivo para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo en todo el país. La decisión adoptada por unanimidad en la Suprema Corte anula las sanciones contempladas por abortar y establece un precedente que obligará a los gobiernos estatales a actualizar su legislación. De los 32 estados del país, solo 4 tienen aprobada una ley de plazos y en otros 19 hay personas encarceladas por realizar esta práctica sancionada con hasta tres años de prisión. Pese a la presión mediática y social impulsada desde los movimientos feministas en los últimos años, el Gobierno de López Obrador ha preferido mantenerse al margen de este debate para "no alentar ninguna confrontación".

"Hoy es un día histórico para todas las mujeres, es un parteaguas en la historia de los derechos de las mujeres", ha sentenciado el presidente de la Corte Suprema, Arturo Zaldívar, al clausurarse el pleno. El autor del proyecto, el ministro Luis María Aguilar, ha insistido en que "nunca más una mujer ni una persona con capacidad de gestar deberá ser juzgada penalmente. Hoy se destierra la amenaza de prisión y el estigma que pesa sobre las personas que deciden libremente interrumpir su embarazo". A las afueras del organismo público, cientos de mujeres ataviadas con un pañuelo verde han celebrado la noticia que impide que se siga criminalizando la interrupción voluntaria del embarazo en un país donde cada año se realizan casi un millón de abortos clandestinos.

El pleno de la Corte Suprema ha debatido durante dos días las acciones de inconstitucionalidad presentadas desde los Estados de Coahuila y Sinaloa, donde la legislación es muy severa, antes de aprobar por unanimidad un fallo que invalida la normativa de Coahuila y establece "un criterio obligatorio" para todos los jueces del país.

Según han explicado más tarde los integrantes del Tribunal, la decisión se ha basado en la autonomía de las mujeres para decidir sobre su cuerpo, más allá de otros debates más profundos sobre el origen de la vida, tal y como ha explicado la ministra Margarita Ríos: "La idea de la vida sobrepasa el derecho y un Tribunal Constitucional no puede sustentar sus decisiones en apreciaciones particulares y subjetivas, sino universales".

Tras la legalización del aborto en otros países de la región, como Argentina o Uruguay, México había quedado algo rezagado en esta materia debido a la gran autonomía legislativa de la que gozan sus 32 Estados y a la falta de iniciativa o interés mostrado por los distintos gobiernos federales. La diputada conservadora del PAN, Ana Esquivel, ya ha adelantado que en Guanajuato "no estamos en condiciones ni con el deseo de promover acciones de despenalización del aborto". A nivel federal, la situación es cuanto menos polémica: López Obrador es el presidente más progresista que jamás ha tenido México, pero también un declarado "seguidor de Jesucristo" y, en este asunto, ha decidido mantenerse al margen.

"Yo no puedo, por la investidura presidencial, exponerme a un desgaste y entonces tengo que cuidarme", ha asegurado el líder mexicano, horas antes de conocerse la resolución del Tribunal. Pese a la supuesta cercanía ideológica entre ambos movimientos, López Obrador ha sido incapaz de comprender los postulados feministas. Tampoco ha fomentado políticas públicas destinadas a proteger a las mujeres y, además, se ha negado a expulsar a miembros de su partido denunciados por violación. El año pasado el presidente puso en duda las cifras oficiales de violencia doméstica "el 90% de las llamadas son falsas" y criminalizó a las mujeres que se manifestaron acusándolas de ser "opositores disfrazados de feministas".

A la legalización del aborto en Ciudad de México del año 2007, le siguieron más tarde los Estados de OaxacaHidalgo Veracruz. En estos cuatro territorios se contempla una ley de plazos que avala la interrupción del embarazo en caso de malformación del feto, violación, riesgo para la madre o, sin necesidad de dar explicaciones, hasta las 12 semanas de gestación. El fallo de la Corte Suprema supone un hito histórico para los derechos de las mujeres mexicanas ya que: sienta jurisprudencia, impide que ningún juez del país pueda criminalizar el aborto y sienta las bases para que los Estados que aún lo hacen, actualicen sus normativas regionales.

                                               

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